Una buena articulación entre lo público y lo privado es, según los expertos, la receta del éxito para el desarrollo y la reactivación. Se debe apoyar a las zonas afectadas para que las personas vuelvan lo más rápido posible a la normalidad.
“Algunas de estas cosas dependen en cierta medida del trabajo del mundo privado, pero en tales casos lo que se requiere del Estado es que establezca las condiciones para que los particulares tengan estímulos reales para participar, tales como beneficios tributarios a las donaciones, incentivos en el campo laboral y todo lo que se relacione con acciones directas de reconstrucción”, afirma Roberto Guerrero, abogado socio de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz.
El letrado de la Universidad Católica, también opina que en esto hay varias ideas que podrían implementarse, como el establecimiento de una especie de “fast track” para poner en marcha una empresa, con permisos provisorios y condicionales a la obtención de ciertos resultados en plazos predeterminados, en cuanto a las compañías de menor tamaño.
Un ejemplo es Armenia, Colombia, localidad que en enero de 1999 padeció un terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter dañando a 25 municipios del eje cafetero. Hoy, 10 años después, se han creado 53.000 puestos de trabajo entre 1999 y 2001, y se dio un giro en la economía local, pasando de estar orientada al café de manera exclusiva, a darle un impulso al turismo.
Entre varias medidas, se dispuso la Ley Quimbaya para la reactivación económica de la región. Las exenciones tributarias tanto para organizaciones nuevas como para aquellas ya existentes, si bien no tuvieron el efecto esperado, fomentaron la creación de casi 200 empresas y un incremento en la inversión en la zona afectada que, finalmente, es lo que se requiere en estos casos: dinamizar la economía pasando de ser exclusivamente orientada al café a tener un importante sello turístico.
En Chile, según datos del Gobierno, hay alrededor de 753.000 empresas de menor tamaño (EMT), de las cuales 202.000 están ubicadas en las regiones más afectadas por el terremoto y el maremoto, y 121.000 –que producen 840.000 empleos- en las 54 comunas más perjudicadas. Muchas de éstas han sufrido daños en sus instalaciones y disminuido su capital de trabajo.
En estas condiciones, ¿cómo se reconstruye la economía?, ¿cómo se recuperan los sectores productivos más mermados como turismo, pesca, agricultura y comercio?
El rol estatal: no es tiempo para ser tímidos
A pesar de la tragedia, no todos están a la altura de las circunstancias. El 6 de abril de 2009 la ciudad italiana de L’Aquila fue azotada por un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter que dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 50.000 personas que perdieron sus casas. Hoy, más de un año después, no sólo quedan escombros en las calles, sino que también son 6.500 los habitantes que viven en hoteles, 2.736 en departamentos privados y 1.200 en estructuras temporales.
Con medidas que han sido consideradas por los mismos ciudadanos como “parches” y que no han pasado de “spots” publicitarios como un proyecto para que los afectados paguen 40% de los impuestos, L’Aquila se ha convertido en una “ciudad fantasma”.
¿Cómo evitar ese futuro para las ciudades más siniestradas de nuestro país? Recuperando el trabajo y reactivando las economías locales, elementos que van de la mano.
Por lo pronto, en su primera cuenta anual el 21 de mayo pasado, el Presidente Sebastián Piñera anunció un plan de apoyo a las pequeñas y medianas compañías por US$2.500 millones en cuatro años, con el fin de crear durante el mismo período 100.000 emprendimientos y 800.000 empleos por esta vía.
El Gobierno ha anunciado un plan de apoyo por diferentes vías:
1. Un subsidio para la reposición de capital fijo de US$40 millones a través del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), destinado a apoyar a las microempresas que documenten haber sufrido daños. La entrega de los primeros subsidios comenzó el 27 de mayo y en total los beneficiados serán más de 6.200 microempresarios.
2. El Fondo de Cobertura para la Reconstrucción en Corfo, que consta de US$120 millones y permitirá garantizar créditos a Mipymes de las regiones más afectadas: Bío Bío, Maule, O’Higgins, La Araucanía, Valparaíso y RM, con ventas hasta 100.000 UTM, que certifiquen haber sufrido daños a raíz del terremoto. Estos préstamos serán entregados a través de instituciones financieras, bancarias y no bancarias, que deberán constatar las averías directas o indirectas, así como también la ausencia de seguros comprometidos.
3. US$20 millones aportados por Corfo a las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), para que ellas puedan garantizar un mayor número de operaciones.
Así, las SGR se constituyen como otra fuente de financiamiento, a la que pueden acceder las entidades, permitiendo dividir y movilizar eficientemente las garantías entre los distintos intermediarios financieros. Intensificando, de esta forma, la competencia entre las instituciones inversionistas.
En su primera cuenta anual el 21 de mayo pasado, el Presidente incluyó las iniciativas anteriores dentro de un paquete de medidas en el ámbito de la emergencia y la reconstrucción nacional, a las que agregó una cuarta:
4. “Volvamos a la mar”, subsidio puesto en marcha desde marzo de este año, para ir en ayuda de los trabajadores de 27 caletas afectadas entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. En total, se estima que se beneficiará a 1.100 armadores, los cuales deben estar registrados con actividad en los últimos 12 meses y cuyas embarcaciones, motores y artes de pesca hayan resultado con daños. Cubre el 75% del costo de reposición, con un tope de $2,1 millones por pescador.
Esta subvención está compuesta en 25% por financiamiento público, a través del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA); 50% de donaciones privadas y el 25% de préstamos de bancos y otros intermediarios financieros. Éste último se garantiza utilizando US$10 millones del Fondo de Cobertura para la Reconstrucción antes mencionado.
Otro componente está focalizado en actividades de menor escala para asistir por medio del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) a los recolectores de orilla, algueros (trabajadores de algas) y buzos mariscadores, que estén inscritos en el Registro de Pesca Artesanal. El plan contempla $700 millones y consiste en un subsidio directo para la adquisición de lo necesario para el desarrollo de sus actividades productivas.
“Usted, no lo haga”
Una de las lecciones más importantes obtenidas en la reconstrucción de Nueva Orleans, contenida en THE ENTREPRENEUR’S ROLE IN POST-DISASTER COMMUNITY RECOVERY, es evitar entorpecer el trabajo de recuperación, aplicando los mismos procedimientos y regulaciones que operan en situaciones de normalidad. Por ejemplo, la operación de las salas cuna es vital para que los adultos vuelvan al trabajo, sin embargo, después de un desastre es difícil contar con las instalaciones óptimas o el personal suficiente. A pesar de esto es esencial que las salas cuna estén operativas. En definitiva, no hay que poner la carreta delante de los bueyes.
Según dirigentes de sindicatos de pescadores de Tirúa, una de las 27 caletas, la iniciativa no ha dado respuesta a las necesidades de la gente, ya que por un lado, no se hizo un catastro preliminar de los daños y por el otro, muchos de los que han sido aceptados por “Volvamos a la mar” no han podido acceder a los créditos por estar en Dicom. Sólo 2% de los trabajadores ha recibido algún tipo de apoyo estatal, el resto ha restaurado sus embarcaciones con esfuerzos propios y particulares.
Otro ejemplo de oportunidad perdida para revitalizar las economías locales fue el anuncio de canalizar todo el abastecimiento de materiales para la reconstrucción a través de grandes compañías sin encargar parte de ello a las pymes de cada ciudad.
